América vino a representar un constante balón de oxígeno para la economía
española. Pese a las insuficiencias en las políticas reformistas, la verdad
es que las tierras americanas fueron intensamente explotadas durante esta
centuria, hasta el punto de realizarse de hecho una segunda conquista
de las colonias, esta vez pacífica y económica. Tres eran las funciones
que América cumplía: territorio que debía nutrir a la metrópoli de materias
primas abundantes y baratas, lugar de colocación exclusiva de productos
españoles y, finalmente, continente proveedor de una plata que debía llenar
tanto los bolsillos de los particulares para facilitar las inversiones
como las arcas de la hacienda para financiar los planes de las autoridades
reformistas. América era el gran espacio comercial que los españoles deseaban
conservar en exclusiva. Si España gastaba dinero en el mantenimiento de
sus colonias era lógico, pensaban los contemporáneos, que disfrutara del
monopolio de sus frutos: nadie debía comerciar con ellas directamente
ni tampoco las propias colonias tenían que fabricar las mercancías que
la metrópoli pudiera producir.
Y desde luego no faltaban buenas razones para quererse asegurar el mercado
indiano. En 1792 las exportaciones a tierras americanas representaban
el triple de las realizadas a Francia o Inglaterra, siendo las manufacturas
el 69 por ciento y los frutos el 31 por ciento, mientras que las importaciones,
al margen de la plata, que ocupaba con diferencia el primer lugar, se
las repartían los alimentos (cacao y azúcar) y el tabaco con un 94 por
ciento, dejando para las materias primas un 6,5 por ciento y prácticamente
nada para las manufacturas. Aunque los guarismos debieron variar durante
la centuria, no parece que la naturaleza básica del tráfico colonial sufriera
cambios importantes. Sin embargo, es preciso recordar el importante comercio
de reexportación que América representaba: una parte sustancial de los
productos importados terminaban en el mercado europeo y una buena porción
de las manufacturas exportadas tenían procedencia europea.
En cuanto a las formas de actuación en la Carrera de Indias, el siglo
deparó tres etapas diferenciadas. En la primera el monopolio pasó de Sevilla
a Cádiz, ciudad de donde continuaron saliendo regularmente las Flotas
y los Galeones escoltados por buques de guerra. Cuando este sistema bicentenario
mostró sus debilidades para anular el contrabando y agilizar el comercio
al alza, fueron apareciendo, en una segunda etapa, las compañías privilegiadas
de comercio al estilo de las existentes en Europa (Guipuzcoana de Caracas,
La Habana, Barcelona, Filipinas), al tiempo que se establecían los registros
sueltos (1740) para posibilitar a los barcos el desplazamiento individual
hacia América con el único requisito de pasar por Cádiz. Finalmente, en
1765 y 1778, viendo que estas reformas eran insuficientes, se promulgaron
los decretos de Libre Comercio, que posibilitaron a una serie de puertos
peninsulares el tráfico directo con determinadas áreas americanas sin
pasar por la ciudad gaditana. Además de agilizar el comercio y vivificar
las economías regionales, los citados decretos permitirían mayores recaudaciones
para el erario público.
Existió, pues, un claro crecimiento interior y exterior del comercio español
setecentista. A ello contribuyó el alza demográfica, el aumento de la
producción agraria, la bonanza internacional y las diversas medidas gubernamentales.
No obstante, como en otros órdenes de la vida nacional, el crecimiento
no derivó en cambios cualitativos esenciales. El consumo continuó siendo
bajo, la demanda inelástica, el mercado interior poco articulado y América
pasó finalmente, tras el decreto de neutrales (1797), a ser un territorio
franco para las demás potencias europeas. La balanza comercial no tuvo
nunca un saldo positivo para España y tampoco parece que el auge del comercio
permitiera un definitivo despegue de la industria nacional.
El dominio español en las Américas no puede ser muy duradero debido a
la "dificultad de socorrerlas desde Europa cuando la necesidad lo
exige; el gobierno temporal de virreyes y gobernadores que la mayor parte
van con el mismo objeto de enriquecerse; las injusticias que algunos hacen
a aquellos infelices habitantes; la distancia de la soberanía y del tribunal
supremo donde han de acudir a exponer sus quejas; los años que se pasan
sin obtener resolución", éstas y otras circunstancias "contribuyen
a que aquellos naturales no estén contentos y aspiren a la independencia,
siempre que se les presente ocasión favorable". Así se expresaba
el conde de Aranda, embajador de España en París, en 1783, a la vez que
planteaba al rey su proyecto de monarquía federal. Y no fue el único:
Campomanes, Floridablanca, Abalos, presentan a Carlos III diversas propuestas
encaminadas a retrasar en lo posible lo que todos consideraban inevitable:
la pérdida de las colonias.
Leer más: "Las contradicciones revolucionarias del
régimen colonial" Biblioteca Luis Arango ![]()