La situación a fines del siglo XVII señalaba el fin de una época: la Casa de la Contratación había declinado en sus funciones de control, el monopolio sevillano se había desplazado a otros puertos andaluces (y singularmente al puerto gaditano), las remesas de metal precioso se habían reducido a su mínima expresión, los efectivos navales era insuficientes, las flotas no salían anualmente, las rutas americanas durante la Guerra de Sucesión habían sido atendidas por buques franceses y había aumentado la presión fiscal y por ende el contrabando, de modo que los barcos extranjeros visitaban abiertamente los puertos americanos y se producía el auge del comercio directo entre los países europeos y las colonias americanas. Ante semejante estado de cosas, se imponía una reforma profunda de la Carrera de Indias, que sería abordada por los ministros de la nueva dinastía borbónica apenas concluida la Guerra de Sucesión, ya que la política reformista del Despotismo Ilustrado vinculó la recuperación de la economía española a la reactivación del comercio ultramarino, tal y como preconizaban los teóricos del mercantilismo tardío que le sirvieron de inspiración. De ahí que los ministros de Felipe V adoptaran una serie de medidas para reorganizar un sector profundamente deprimido y desarticulado.
Ante esta comprometida situación, y partiendo de la consideración del comercio con América como el principal motor para facilitar la rápida recuperación de la economía española, los sucesivos gobiernos de Felipe V llevaron a cabo una política de constante intervención en la organización de la Carrera de Indias, encauzando su actuación por una doble vía. Así, por un lado, adoptaron una actitud revisionista respecto de los privilegios obtenidos por franceses e ingleses como consecuencia de la guerra de Sucesión y la paz de Utrecht, es decir mantuvieron con tenacidad una política que miraba a la anulación por todos los medios posibles de las ventajas que habían pasado a disfrutar los extranjeros en el ámbito americano. Y, por otro, desplegaron un sistemático programa de reformas con el propósito de recuperar el control del comercio colonial, incrementar los niveles del tráfico de exportación e importación y promover una suerte de nacionalización de la Carrera de Indias.
En torno al año 1818 se debe establecer, aunque sea con reservas, el
principio de la concienciación de la situación crítica a que debía enfrentarse
España en las colonias y año en que se abrió la posibilidad de realizar
expediciones desde los puertos metropolitanos a los buques extranjeros,
gravados con un recargo del 4% en la habilitación de registros en concepto
de bandera extranjera.
A la hora de valorar la etapa del Libre Comercio, los preliminares de
la crisis colonial se han de fijar en 1808 (cuando los representantes
americanos en las Cortes de Bayona formularon una serie de peticiones
tendentes a poner fin al pacto colonial), que las Juntas Americanas entre
1810 y 1814 iniciaron con carácter soberano relaciones con Gran Bretaña
y Estados Unidos y que, si bien el triunfo de los movimientos revolucionarios
pioneros fue efímero y al finalizar la guerra de la Independencia en el
territorio peninsular la metrópoli logró restaurar el régimen colonial
(salvo en gran parte del Río de la Plata y Venezuela), las bases para
el restablecimiento de la soberanía eran tan frágiles que entre 1818 y
1821 se produjeron una serie de declaraciones independentistas en cadena,
quedando la resistencia de los grupos realistas reducida a algunos enclaves
aislados, que tan sólo se pudieron mantener hasta 1824 ó 1826, fecha en
que el derrumbe del dominio colonial fue claro y manifiesto.
Leer más: "El tráfico marítimo y el
comercio de indias en el siglo XVIII" Marina Alonso Mola
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